Pasividad ante abuso de gobernantes
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Dom, Abr
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Pasividad ante abuso de gobernantes

Opinión
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RAMÓN ZURITA SAHAGÚN. Si algo queda claro en el caso de los Duarte de la destrucción y de otros ex gobernadores es la desatención de las autoridades federales ante los continuos señalamientos que se les hacen a los gobernadores en funciones, sobre abusos y corrupción.

Durante largo tiempo se denunció que los entonces gobernadores Javier y César Duarte, así como Roberto Borge, Guillermo Padrés y otros más podrían ser sujetos de investigación, ante la serie de abusos cometidos.
Existieron evidencias por parte de la Auditoria Superior de la Federación de malos manejos o cuando menos de no clarificar el uso de los recursos públicos, no se advertía obra pública ni vestigios de una buena administración. Se señalaban sus excesos, sus viajes y se presumía de deshonestidad de ellos y varios de sus colaboradores.
Sin embargo, la autoridad federal se mantenía pasiva y la local es, regularmente, manipulada por los propios gobernantes.
Entonces los gobernadores no sentían ninguna clase de apremio para cambiar sus formas de actuar y mucho menos para transparentar sus acciones.
Continuaron por esas vías y hoy que son considerados, presuntamente, como delincuentes, poco se puede hacer para recuperar el tiempo y el dinero perdido.
Los desvíos de dinero público son multimillonarios y poco habrá de recuperarse con la detención de alguno de los que se encuentran prófugos o de los que ni siquiera tienen denuncia en contra.
En la segunda década del siglo XXI se dieron los peores casos de abusos de los gobernantes en turno, en donde se destaca que la mayoría de ellos fueron jóvenes, con escasa experiencia política, ávidos de poder y de dinero.
Rodrigo Medina de la Cruz, Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa y Manuel Velasco Coello, asumieron sus respectivos encargos antes de los 40 años, mientras que Guillermo Padrés Elías y César Duarte Jáquez, antes de cumplir los 50.
Cada uno recibió el respaldo ya la confianza de su partido y la ciudadanía les aportó el voto necesario para gobernar, defraudando su confianza.
En cada uno de los casos, existieron avisos sobre el comportamiento de esos malos gobernantes, sin que el gobierno interviniera, respetando la autonomía de las entidades (algo que hace a su conveniencia).
La abundancia de malos gobernantes priistas, la frecuencia de procesos electorales y el miedo a actuar, dejó que estos gobernantes hicieran lo que quisieran en sus respectivas entidades.
Jamás de procedió a investigar alguna de las denuncias, como tampoco se hizo en los casos de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores-
De Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León, se decía una y otra vez de la acumulación de propiedades en la entidad y en la vecina Texas, así como del manejo discrecional que hacía su padre para el reparto de los contratos de gobierno.
Incluso en la campaña electoral, el hoy gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, basó parte de su campaña en su compromiso de encarcelar a su antecesor, lo que le valió simpatías y votos.
Igual sucedió en Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes Linares acumuló pruebas en contra de su antecesor Javier Duarte de Ochoa y, el sí, presentó denuncias formales en contra del priista.
Nadie actuó en consecuencia y cuando la autoridad decidió hacerlo, el gobernante, ya con licencia, había escapado.
En Veracruz, varios de los colaboradores de Duarte de Ochoa están en la cárcel. El ex secretario de Educación y de Gobierno, además de gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado; el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; el secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo y el director de la Comisión de Aguas, Francisco Valencia.
En Chihuahua, el tema de campaña del hoy gobernador, Javier Corral Jurado, fue similar, aunque el denunció desde antes que el entonces gobernador César Duarte era socio de un banco, donde se guardan los recursos públicos del estado, así como de otras lindezas. Hoy César Duarte se encuentra prófugo y varios de sus colaboradores se encuentran detenidos.
Roberto Borge Angulo, ahora ex gobernador de Quintana Roo, continúa sin que se le pueda fincar responsabilidad alguna, con todo y las pruebas fehacientes de beneficios a parientes y amigos en la otorgación de privilegios. De Borge se manifestaban atrocidades y excesos durante su administración, sin que pasara nada. Los viajes que hacía en plan personal eran negados por el propio gobernante, con todo y pruebas de ello. Se espera que si procede alguna denuncia en su contra no se expida la orden de detención cuando ya se encuentre prófugo.
Por lo que respecta a Guillermo Padres Elías, se sabía de sus excesos y abusos desde que ejercía como gobernador de Sonora, aunque su detención procedió más de un año más tarde de que dejó el gobierno estatal.
Padrés Elías forma el quinteto de ex gobernadores presos, junto con Andrés R Granier Melo, Jesús Reyna García, Mario Villanueva Madrid y Flavino Ríos Alvarado, de los que solamente el sonorense proviene de un partido ajeno al PRI (PAN).
Se espera que en fecha próxima el número de ex gobernadores presos aumente.
El caso del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, es aparte, ya que el continúa como mandatario y los señalamientos en su contra se acumulan, por lo que se habrá de esperarse un tiempo prudente para saber de la reacción de la autoridad y si se presenta alguna denuncia formal en su contra.
Otros casos como el de Ángel Heladio Aguirre, ex gobernador de Guerrero, se mantienen en secrecía o se archivaron y de los actuales, el gobierno prefiere hacer mutis.