Putin promulga polémico paquete de leyes antiterroristas
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Mar, Abr
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Putin promulga polémico paquete de leyes antiterroristas

Presidente de Rusia, Vladimir Putin/Notimex

Europa
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Moscú.- Un polémico paquete de leyes antiterroristas para reforzar la vigilancia de las comunicaciones, que obliga a las compañías de internet a almacenar los datos de los usuarios durante meses, fue firmado hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El portavoz del presidente, Dmitri Peskov, informó, “Hoy Putin firmó el paquete de documentos que modifican la ley sobre medidas de lucha contra el terrorismo”, y destacó que, en caso de necesidad, esas leyes podrían ser modificadas.

“Conjuntamente con ese paquete fue promulgada una lista de órdenes para el gobierno, mediante la cual se verá obligado a seguir de cerca la realización, implementación de esa ley”, subrayó Peskov, citado por la agencia rusa de noticias Sputnik.

Las medidas, aprobadas a fines de junio por los diputados rusos, penalizan el hecho de no denunciar un delito, reducen la edad de responsabilidad penal a 14 años e introducen penas de hasta siete años de cárcel por “justificación pública de terrorismo”, incluso en internet.

El paquete de leyes antiterroristas, preparado por los parlamentarios Irina Yarovaia y Vitali Ózerov, obliga a los operadores de telefonía móvil y a las compañías de internet a conservar todas las llamadas y los mensajes durante seis meses para presentarlos a petición de los servicios secretos.

El Kremlin informó además que Putin propuso presentar un informe sobre los gastos que representará para el presupuesto del país la producción de un software nacional y de equipos de almacenamiento de la información propios.

El director de la empresa de telefonía móvil rusa Megafon, Serguei Soldatenkov, advirtió este jueves que la nueva ley de almacenamiento de datos obligaría a la compañía a gastar unos tres mil 100 millones de dólares para financiar las estructuras necesarias, es decir cuatro veces su beneficio anual.

La Duma aprobó este paquete de medidas el pasado 24 de junio, mientras el Consejo de la Federación lo ratificó el 29 de junio, a pesar de las múltiples demandas de modificar el documento, presentadas por las compañías afectadas y el Consejo de Derechos Humanos.