Washington, EU.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) optó hoy por prolongar la adopción de acciones para responder a la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Al término de una reunión extraordinaria del consejo permanente, la mayoría de los países acordaron esperar al análisis por parte de sus gobiernos de un informe presentado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, antes de proponer y adoptar medidas.
Ese consenso dejó de lado la insistencia de varios países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para discutir el tema, aunque el propio Insulza se dijo abierto a tal convocatoria.
“No es malo que haya una reunión de cancilleres”, dijo a periodistas al termino de la reunión de casi dos doras en la que presentó su informe sobre la visita de tres días que realizó a Paraguay, del 1 al 3 de julio, al frente de una misión de varios embajadores.
En su informe, Insulza dejó en claro su oposición a la suspensión de Paraguay de la OEA, como lo demandaron algunos países que citaron el caso de Honduras en 2009, y cuyas similitudes fueron rechazadas por el directivo.
“La suspensión conllevaría altas implicaciones económicas para el país dado el impacto directo de la decisión de otras instituciones del sistema interamericano”, indicó Insulza a los embajadores.
Una suspensión de Paraguay daría como resultado la detención inmediata en el desembolso o la aprobación de créditos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como sucedió en el caso de Honduras.
“Más que impulsar sanciones deberíamos unirnos en torno a un enfoque que privilegie el apoyo de la organización para la realización de diálogos con visión de mediano y largo plazo y que involucre a los actores políticos paraguayos en la superación de la situación actual”, dijo.
En su informe, Insulza señaló que la acción de la OEA debe estar encaminada a permitir que concluya el proceso judicial, el cual advirtió, podría alcanzar eventualmente la comisión y la corte interamericana de derechos humanos.
Asimismo, fortalecer la gobernabilidad de Paraguay y asegurar que las elecciones presidenciales de abril de 2013 sean participativas y transparentes “evitando que lo ocurrido dé lugar a represalias o exclusiones, en especial contra el presidente Lugo o sus partidarios”.
El embajador de Paraguay ante la OEA, Bernardo Hugo Saguier, pidió por su parte a los embajadores abandonar la propuesta de imponer sanciones, evitando así sentar un “preocupante precedente”, y dar lugar a “un juicio de la inquisición”.
Informó que su país solicitó ya el acompañamiento de la OEA en el proceso de preparación de las próximas elecciones, así como el envío de una misión de observación para esa contienda.
“Lo que esperamos de la OEA es que sea justa en su juzgamiento y que no se deje manejar por quienes buscan detener el proceso para que se haga justicia a Paraguay”, subrayó.
La falta de consenso para adoptar una actitud más agresiva en el seno del consejo permanente llevó al embajador de Venezuela, Roy Chaderton, a criticar lo que a su juicio es una actitud apática frente a lo que el insistió en llamar el “golpe de Estado parlamentario”.
“La OEA, siempre tibia, a veces fría. Es como una sopa de cebolla fría, sin el queso derretido”, comparó el venezolano.
